Mercados de carbono: un engaño que alerta a los territorios de todo el mundo ¿qué sabemos de ellos?

Durante 2024 el presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó que el país se abriría a los mercados de carbono como método para financiar la conservación e ingresar dólares a la nación. En ese momento la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) se pronunció en contra de esta situación que conllevó la modificación de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra a través de una sentencia constitucional.

Este 18 de marzo en la Universidad Domingo Savio nuevamente la PBFCC se pronunció en contra de estos mecanismos a través de Cristian Flores Mamani, quien  expuso en el Foro Seminario Internacional: De los mercados de carbono y otros engaños de la acción climática. “Permiten sobre todo a los grandes emisores contaminantes seguir emitiendo gases de efecto invernadero, perpetúan estas falsas soluciones y obtienen un  beneficio corporativo (…) Ni las comunidades se benefician ni se reducen realmente estas emisiones. Sobre todo porque no se tiene transparencia”. En esa línea el técnico también invitó a compartir un material educativo en video sobre las preguntas más grandes sobre mercados de carbono. 

La falta de información respecto a estos mecanismos es una de las denuncias de comunidades desde el inicio del debate y así fue ratificado por Rosa Pachuri, desde la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas.

“Estamos resistiendo a la minería, pero ahora sale esto otro de la venta de carbono. Y sin información, en los territorios va a ser fácil que las empresas nos envuelvan con su charla. Llegarán a los territorios diciendo ‘ustedes van a recibir plata sin trabajar’. Esto es lo que ya han dicho”, pone en alerta la vocera del movimiento que representa a más de 500 mujeres.

Menos información y más mercados de carbono

Sólo este mes se dio a conocer el caso de una propuesta de “arrendamiento perpetuo” que hizo un Estado ficticio a diferentes comunidades amazónicas llamado “Estados Unidos de Kailasa”. Algunos de los polémicos artículos del contrato filtrados por El Deber dictan que el “arrendamiento es por un período de mil años, que se renovará automáticamente y perpetuamente”, así como un compromiso de protección y nula defensa de parte de la comunidad indígena: 

“La nación indígena brindará protección contra agresiones externas al territorio con sus servicios de defensa y Policía, cuando lo solicite Kailasa. Sin embargo, la nación indígena acepta que no habrá interferencia en los asuntos internos y ninguna fuerza de defensa, Policía o cualquier otra entidad administrativa”. 

Todo esto a cambio de un pago anual de 55.800 dólares americanos. 

La situación se da en un contexto de preocupación, planteada por la dirigenta e investigadora Ángela Cuenca, parte de Colectivo Casa. “Bolivia es un país que se caracteriza por ser megadiverso y tener grandes reservas (…) sin embargo somos parte, al igual que otros países de América Latina, de un modelo de desarrollo extractivista que se basa en la extracción de grandes volúmenes destinados a la exportación en calidad de materia primas y sobre todo depende de un mercado internacional”.  Sólo el año 2024 hemos perdido entre 12 a 14 millones de bosques.

“No sólo se han perdido los bosques, sino que animales vertebrados, invertebrados, flora, fauna y hemos dañado todo un ecosistema. Eso es lo que no se calcula”, alerta Ángela. La dirigenta recomendó la investigación “La vida entre las llamas”, de la que fue parte junto a Rosa Pachuri, donde muestran de cerca cómo los incendios afectan los territorios en la salud y cómo sostener la vida de las familias en situaciones extremas. 

Así mismo la desconexión con la naturaleza y los procesos ancestrales es una de las preocupaciones principales del cacique Ninawa Huni Kui, defensor social y ambiental. “Mucha  gente principalmente los jóvenes no están cerca de los conocimientos de sus abuelos, de sus papás, bisabuelos (…) Un punto muy importante para investigar son las maneras tradicionales y ancestrales de los pueblos, que hacen acciones afirmativas para proteger los cambios futuros”.

“Es imposible ponerle precio a un ser vivo, así como nosotros consideramos esenciales el agua que bebemos, los alimentos que comemos y la relación que tenemos con la naturaleza”, expresó el cacique.

También estos debates incluyeron las nuevas formas de extractivismo, pero también dejaron en evidencia que muchas propuestas de “acción climática” intergubernamental corresponden a casos de extractivismo tradicional pero utilizan una narrativa “verde”.

Para la investigadora Sara Montiel, de Heñoi Paraguay, la salida a la crisis climática tiene dos ejes: “Las que proponen desde los pueblos que tienen un papel muy importante en la práctica, y por otro lado la investigación. ¿Cómo la academia puede aportar en investigaciones sobre prácticas agroecológicas a gran escala que pueden reducir emisiones? Creo que así es como realmente seguimos”.

Tania Ricaldi, académica del Centro de Estudios Superiores Universitarios apoyó la necesidad de una academia más presente “para visibilizar los impactos pero también para poder ver estas soluciones reales que se están construyendo desde las luchas y desde la defensa del cuidado de la vida en los territorios.”.

Alternativas 

Uno de los casos que se expusieron fue el de la votación por el Yasuní, plebiscito que se desarrolló en Ecuador donde el 82% votó para que el petróleo se quedara en el subsuelo en una región de la Amazonía. Sin embargo luego de dos años y medio, “los gobiernos quieren quedar absolutamente en la impunidad y quedar en desacato de la consulta popular”, interpela Ivonne Yánez, desde Acción Ecológica y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Es un acto que nos muestra que en las urnas no se ganan necesariamente las cosas, sino que hay que luchar desde muchas otras estrategias. En las calles, desde lo legal hasta las protestas sociales”.

 

 

 

 

 

Este evento se enmarca en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, convocado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática en América Latina y el Caribe. El Foro abierto reunió a más 100 personas de forma presencial y 7 mil reproducciones en redes sociales.